El Gobierno audita y da de baja más de 220 mil pensiones por discapacidad

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lleva adelante una revisión masiva de las pensiones no contributivas por discapacidad. En el marco de esta auditoría, se identificaron más de 220.000 beneficios otorgados de manera irregular, lo que podría representar un ahorro anual cercano a los $900 mil millones para el Estado.

La investigación reveló graves anomalías: certificados médicos que señalaban amputaciones que nunca existieron, radiografías utilizadas en varios trámites distintos y personas que seguían cobrando la pensión a pesar de haber fallecido. También se hallaron casos de individuos sin discapacidades visibles que accedían al subsidio.

El operativo de control comenzó con el envío de 300.000 cartas documento a los titulares de pensiones, y esa cifra creció a 470.000 en abril. De esas notificaciones, 221.189 no llegaron a destino, en muchos casos por errores en las direcciones, cambios de domicilio no informados o rechazos por parte de los destinatarios.

En paralelo, ya se realizaron más de 83.000 entrevistas médicas para verificar el estado de salud de los beneficiarios y se programaron otras 128.000 evaluaciones en las próximas semanas.

Según explicó Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, el sistema venía funcionando sin los controles necesarios, lo que facilitó el crecimiento de maniobras fraudulentas. El objetivo de la actual administración, señaló, es ordenar el sistema y garantizar que la asistencia llegue realmente a quienes la necesitan.

No obstante, la auditoría también generó preocupación en organizaciones civiles. La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA) presentó un recurso de amparo para frenar las revisiones presenciales, advirtiendo que podrían perjudicar a personas que sí cumplen con los requisitos y dependen del beneficio.