Milei explicó por qué vetó el aumento a jubilados, la moratoria y ley de discapacidad

El Gobierno nacional vetó oficialmente las leyes que establecían un aumento para los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, bajo el argumento de que los proyectos sancionados por el Congreso "carecen de financiamiento real y fueron aprobados de forma irresponsable".

A través del decreto 534/2025 -publicado este martes en el Boletín Oficial- el presidente Javier Milei, acompañado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y todos los ministros del Poder Ejecutivo, dejó sin efecto los proyectos de ley 27.791, 27.792 y 27.793. El documento no tiene carácter de urgencia, pero el Ejecutivo lo promulgó horas antes de que venciera el plazo legal.

Falta de financiamiento y críticas al Congreso

El texto del veto fundamenta la decisión en la ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda norma que implique gastos incluya las fuentes de financiamiento correspondientes. Según el Ejecutivo, "las supuestas fuentes de financiamiento invocadas carecen de correlación directa con los gastos dispuestos", por lo que los recursos propuestos "no son concretos, específicos, actuales ni suficientes".

"Del análisis de los proyectos sancionados se observa que ninguno de ellos cumple con los recaudos legales exigidos", subraya el decreto, al tiempo que advierte que el Poder Legislativo "debe actuar con sensatez institucional y de forma responsable".

En ese sentido, el Gobierno estimó que el impacto económico de los proyectos vetados equivaldría a más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, es decir, entre el 0,9% y el 1,68% del PBI. Según el Ejecutivo, esto implicaría un incremento del 6% en el gasto primario anual.

"En momentos en que las jubilaciones comenzaron una senda de recuperación, estas medidas pondrían en riesgo los avances logrados", sostiene el documento.

Acusación de nulidades y manipulación del Congreso

Más allá del argumento económico, el decreto también pone el foco en supuestas irregularidades parlamentarias. Señala que la sesión del 10 de julio, donde el Senado dio sanción definitiva a los proyectos, fue realizada "sin convocatoria formal a todos los senadores", lo que -según el Ejecutivo- constituye un proceso "viciado de nulidad".

"No resulta tolerable permitir que una mayoría transitoria del Congreso manipule las reglas básicas del Poder Legislativo para imponerse sobre las minorías", denuncia el texto oficial, y califica lo ocurrido como "un atentado directo contra la Constitución Nacional".

El mensaje político: "No hay plata"

La Oficina del Presidente acompañó el veto con un comunicado en el que arremete contra los legisladores que aprobaron las leyes, acusándolos de usar "causas nobles" para "hacer campaña en pleno ciclo electoral".

"La única forma de hacer grande a la Argentina es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre. Este Presidente prefiere decir una verdad incómoda antes que repetir mentiras confortables: no hay plata", concluye el escrito presidencial.