La muni de Jujuy quiere perdonar deudas a empresas de colectivos: y el boleto sube y sube

En medio de un boleto que ya supera los mil pesos, el intendente de San Salvador de Jujuy presentó un proyecto para perdonar las deudas de las empresas de transporte urbano acumuladas desde 2020 hasta la actualidad. La iniciativa fue ingresada al Concejo Deliberante bajo el expediente Nº 515-X-2025.

El beneficio alcanzaría al canon por concesión de servicios públicos, la tasa por desinfección, desinsectación y desratización, el impuesto a los automotores y la tasa por inspección, control y otros servicios que deben pagar las concesionarias.

Según el Ejecutivo, la medida se justifica por la eliminación del subsidio nacional (Fondo Compensador del Interior) en 2023 y por el sostenimiento del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU). Sin embargo, el proyecto reconoce que las empresas incumplen de forma sistemática los pliegos licitatorios y, lejos de recibir sanciones, vuelven a ser beneficiadas.

"Mientras es duro con los sectores vulnerables, recordemos el caso de los vendedores ambulantes, que se les impone condiciones draconianas para ejercer su actividad de subsistencia, y se les decomisa la mercadería cuando no cumplen las mismas, o cuando se estableció el endurecimiento del control del pase libre para discapacitados, por un lado, cuando se trata de sectores poderosos empresariales, se les colma de beneficios y nuevas exenciones", denunció en su columna de opinión para la Izquierda Diario, Guillermo Alemán.

El argumento del subsidio nacional perdido también genera dudas. Entre 2020 y 2022, el Estado nacional no solo mantuvo, sino que duplicó las transferencias al sector. Además, la falta de fondos se compensó con subsidios provinciales y un aumento del boleto que pasó de $22,78 en 2020 a $1.099,49 en 2025, un incremento del 4.826%.

Desde el bloque del PTS en el Frente de Izquierda Unidad adelantaron su rechazo. "Es fundamental que el municipio informe de qué cantidad de plata se les va a perdonar, si las empresas están cumpliendo con los aportes patronales y si otros puntos de la licitación no están siendo respetados", advirtieron. También pidieron que la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, rinda cuentas sobre el impacto económico de la medida.

La oposición insiste en la creación de una comisión auditora y propone la estatización del servicio bajo control de trabajadores, profesionales y comités de usuarios para frenar lo que consideran "una sangría" de fondos municipales.