La Clínica San Francisco defendió su vínculo con OSPAIL y denunció acciones intimidatorias

Los abogados Roque Pereyra y Miguel Ángel Villagrán, representantes legales de la Clínica San Francisco, ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en Libertador General San Martín para exponer su posición frente al conflicto con la nueva conducción de la obra social OSPAIL.

Durante la presentación, Pereyra explicó que el convenio entre OSPAIL y la clínica fue firmado hace dos años e incluye varios contratos de colaboración para la prestación de servicios médicos. En ese marco, anticipó una inversión de 500 mil dólares destinada a la ampliación edilicia y tecnológica de la clínica, que incluye la implementación de terapia intensiva, quirófano y equipamiento de alta complejidad.

A pesar de una deuda cercana a los 400 millones de pesos por parte de la obra social, según los abogados, la clínica no interrumpió sus prestaciones. "Los valores cobrados son incluso menores que los del Instituto de Seguros", señalaron.

Sobre el conflicto actual, apuntaron a la conducción encabezada por Luciano Lezano. "Desde el inicio de su gestión hay demoras en los pagos y un trato hostil. En lugar de dialogar, hubo agresiones. Incluso reunió al personal para decirles que perderían sus trabajos", sostuvo Pereyra. También aseguró que no recibió ninguna intimación formal para desalojar las instalaciones.

Los abogados descartaron la posibilidad de una desvinculación unilateral por parte de OSPAIL. "Eso lo debe determinar la justicia, no se resuelve por redes sociales ni declaraciones públicas", subrayaron.

En relación con otras acusaciones, como el presunto uso indebido de una ambulancia o incumplimientos con empleados, respondieron que los salarios se abonan con fondos propios y que los aportes están siendo retenidos por OSPAIL. Además, desmintieron la existencia de personal que emita certificados sin título habilitante.

Villagrán, por su parte, informó que la clínica presentó denuncias penales por usurpación, violación de domicilio, intimidación pública e incitación a la violencia.

El conflicto permanece abierto y, según indicaron los representantes legales, será la justicia la encargada de definir el futuro del convenio./INFOYUNGAS