Lamentable

En medio del escándalo, Nación sigue suspendiendo pensiones a discapacitados jujeños

Hay personas que están desesperadas porque le están quitando su único ingreso.

QPJ JUJUY

En Jujuy, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) volvió a notificar a los beneficiarios de las pensiones no contributivas sobre la suspensión temporal del beneficio hasta que se complete una nueva auditoría. La medida afecta a personas con discapacidad que dependen de este ingreso como único sustento, generando preocupación y angustia en los hogares afectados.

La licenciada Silvia Pereyra, trabajadora social en Palpalá, explicó que los beneficiarios deben presentar documentación que respalde su discapacidad para solicitar la rehabilitación del servicio. "Les pedimos paciencia. Una vez realizado el trámite, la resolución dependerá de Nación", afirmó.

El operativo ocurre en un contexto de crisis política y judicial, luego de la difusión de audios que revelan un presunto esquema de corrupción dentro de Andis. Las grabaciones, atribuidas a Diego Spagnuolo, mencionan retornos del 5% al 8% en la compra de medicamentos, involucrando a empresarios y funcionarios cercanos al Presidente, y generaron la intervención del organismo por 180 días y la remoción de Spagnuolo.

El caso está siendo investigado por el fiscal Franco Picardi y ya derivó en 15 allanamientos y el secuestro de más de 266.000 dólares. El escándalo alcanza a figuras como Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, quienes según los audios podrían haber recibido un porcentaje de las supuestas coimas.

El Gobierno, mediante el Decreto 601/2025, designó al médico Alejandro Vilches al frente de la intervención con el objetivo de auditar y transparentar la gestión de Andis. Desde el Ejecutivo se afirmó que la medida busca "asegurar la correcta asignación de recursos" y que los beneficiarios podrán recuperar sus pensiones presentando la documentación requerida.

La situación deja en evidencia la vulnerabilidad de los adultos con discapacidad frente a la crisis institucional y plantea la necesidad de acompañamiento social y legal para garantizar sus derechos.

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