El Gobierno promulgó la ley de Discapacidad, pero sigue frenada

Este lunes quedó promulgada la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida se oficializó en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei. 

Sin embargo, la normativa no entrará en vigencia de manera inmediata: su ejecución quedó en pausa hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias necesarias.

Desde la Jefatura de Gabinete, conducida por Guillermo Francos, ya habían adelantado la semana pasada que el problema central es el impacto fiscal. El cálculo oficial estima que la nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 en 2025 (0,26 % del PBI) y $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI).

A este gasto se suma el programa Incluir Salud, que cubre a titulares de pensiones no contributivas, con un costo adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 % del PBI). Además, se prevé una compensación económica para prestadores por $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). En conjunto, la aplicación de la ley supondría un desembolso total de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.

El Gobierno fundamentó la suspensión en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que todo gasto no contemplado en el presupuesto general debe señalar de dónde provendrán los recursos. También se apoyó en el artículo 5 de la Ley 24.629, sobre normas complementarias de ejecución presupuestaria.

En el decreto se cuestiona que el Congreso "omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones", y aclara que la posibilidad de reasignar partidas por parte del jefe de Gabinete no constituye una solución "concreta, específica, actual y suficiente".

Vale recordar que, en primera instancia, Milei había vetado la ley mediante el Decreto 534/25. En aquel momento, el Ejecutivo advirtió que ampliar prestaciones sin respaldo financiero "pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando justamente a quienes se pretende proteger".

Pese a esa decisión, el Congreso -con mayoría especial en ambas cámaras- insistió en aprobar la norma, lo que obligó al Poder Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

El texto oficial recalca que los recursos disponibles en la Administración Nacional no alcanzan para sostener la reforma. Incluso destinando la totalidad de las partidas de los tres poderes del Estado, el monto sería insuficiente para cubrir la suma proyectada.

El crédito presupuestario libre, sin tocar fondos destinados a servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra menor al costo calculado. "Para llevar adelante la Ley N° 27.793 sería imprescindible ampliar el presupuesto nacional, una facultad que sólo corresponde al Congreso", concluye el decreto.