El gobierno prepara una estrategia legal para vetar las leyes de jubilaciones y discapacidad

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una estrategia legal y política para sostener el veto a las leyes aprobadas por el Congreso que disponen un aumento de las jubilaciones y declaran la emergencia en discapacidad. Con el objetivo de frenar su implementación, el Ejecutivo trabaja en dos frentes: impugnar la validez del procedimiento legislativo y alegar el alto costo fiscal que implican las iniciativas.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lideran el análisis de los textos y la construcción de los argumentos jurídicos. En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza negociaciones con gobernadores y bloques aliados para construir respaldo político y evitar que el Congreso insista con la promulgación.

El Gobierno sostiene que la sesión en la que se aprobaron ambas leyes fue irregular, apoyándose en el artículo 32 del Reglamento del Senado, que establece que solo el presidente de la Cámara Alta puede convocar a sesiones. Para el oficialismo, la autoconvocatoria realizada por la oposición carece de validez institucional, por lo que las leyes sancionadas serían "inconstitucionales por vicio de origen".

A su vez, el decreto presidencial 782/2024 -que vetó un proyecto anterior sobre aumentos previsionales- ya advertía que cualquier modificación del régimen jubilatorio sin indicar el origen de los recursos viola el marco legal vigente.

El Ejecutivo también invoca la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 37 establece que toda ley que implique nuevos gastos debe especificar su fuente de financiamiento. Según cálculos oficiales, las leyes aprobadas no cubren ni el 15% de los fondos necesarios, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

"La ley de presupuesto es la herramienta primordial para ordenar el gasto público y no vamos a permitir que se imponga un desfinanciamiento encubierto", argumentan en Balcarce 50.

El Gobierno analiza esperar hasta el plazo máximo legal para oficializar el veto, que vence el 24 de julio, para ganar tiempo político y fortalecer su estrategia jurídica. La decisión también apunta a evitar que el Congreso logre los votos necesarios para insistir con la promulgación.

En la Cámara de Diputados se necesitan dos tercios de los presentes para rechazar el veto presidencial. El oficialismo trabaja para retener al menos 86 votos, umbral que le permitiría sostener su postura y bloquear la eventual promulgación de las leyes.

La discusión sobre jubilaciones y discapacidad acentúa la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Mientras la oposición denuncia una "insensibilidad social" del Gobierno, desde el entorno presidencial insisten en que "no hay recursos disponibles" y que la prioridad es alcanzar el equilibrio fiscal.

"Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar", reiteraron fuentes cercanas al presidente Javier Milei.

La confrontación promete escalar si el Congreso intenta avanzar con la promulgación de las leyes. En ese caso, la Justicia podría ser la instancia final de definición, abriendo un nuevo escenario de disputa entre los poderes del Estado.