Cómo se financiaría el aumento de las jubilaciones si el proyecto se convierte en ley

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una iniciativa impulsada por Unión por la Patria (UxP) que establece un incremento del 7,2% en las jubilaciones, un bono de $110.000 para quienes cobran el haber mínimo y la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Aunque aún debe ser tratada por el Senado, el Gobierno Nacional ya adelantó que la norma será vetada si logra sanción definitiva.

Desde el oficialismo argumentan que no hay margen fiscal para afrontar el gasto que implicaría la medida, que llevaría la jubilación mínima a $436.727. En esa línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó la aprobación como un acto de "irresponsabilidad política" y acusó a la oposición de querer "romper el equilibrio fiscal". "Que nos digan de dónde van a sacar los fondos", desafió Francos.

El texto aprobado en Diputados, sin embargo, plantea diferentes fuentes de financiamiento. Entre ellas, una reasignación de partidas que hoy se destinan a la Secretaría de Inteligencia del Estado. "El jefe de Gabinete de Ministros, al momento de dar cumplimiento al artículo 3° y el artículo 4° de esta ley, deberá realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para readecuar la suma de $32.616 millones del programa presupuestario 16, correspondiente a la Secretaría de Inteligencia del Estado", detalla el proyecto.

También se incluyen la eliminación de exenciones del IVA para directores de empresas y del Impuesto a las Ganancias para las sociedades de garantías recíprocas. Otra de las fuentes previstas es el ahorro generado por las modificaciones implementadas por el FMI en su política de sobretasas. "El jefe de Gabinete deberá realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para reducir el programa presupuestario 98, correspondiente a la jurisdicción 90, Servicios de la Deuda Pública, en función de la modificación realizada por el directorio del FMI el 11 de octubre de 2024 a su política de cargos, sobrecargos y comisiones de compromiso aplicadas sobre las operaciones de asistencia financiera", establece el texto.

Además, la propuesta incluye lo recaudado por el Registro del Automotor a través de la venta de formularios, cédulas y chapas. "Todos los ingresos generados por los entes cooperadores en virtud de las leyes 17.050, 23.283, 23.412 y sus modificatorias, serán transferidos al Tesoro nacional, y su administración corresponderá al Ministerio de Economía, quien deberá compensar a los distintos organismos estatales por los costos de la prestación de los servicios", establece el artículo 14. "El Ministerio de Economía deberá publicar mensualmente en su página oficial de internet los ingresos de cada ente cooperador, así como también los convenios", añade.

Por último, la iniciativa obliga al jefe de Gabinete a "realizar las modificaciones presupuestarias necesarias priorizando las fuentes de financiamiento de los artículos 10 al 16, para luego asignar monto que surja de la diferencia entre el costo fiscal total y las fuentes de financiamiento mencionadas".

Apenas conocida la media sanción, el presidente Javier Milei reaccionó desde sus redes sociales y confirmó que vetará la medida si el Senado la convierte en ley. "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin", escribió el mandatario en su cuenta de X.

La advertencia ya había sido lanzada por Francos, quien aseguró que "no existen recursos para el sistema previsional", en declaraciones a Radio Rivadavia.