Triple crimen: la mamá de Morena declaró y pidió que policías federales la cuiden

Este martes, Sabrina del Castillo, madre de Morena Verdi (20), una de las víctimas del triple femicidio narco de Florencio Varela, se presentó ante el fiscal Adrián Arribas de la UFI Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Durante su declaración, del Castillo solicitó custodia policial federal para su vivienda y la de sus padres debido a las amenazas recibidas, tanto por ella como por otros miembros de su familia, luego de reclamar justicia por la muerte de su hija y su sobrina, Brenda del Castillo (20). La tercera víctima del caso, Lara Gutiérrez (15), también falleció el 19 de septiembre; sus cuerpos fueron hallados cinco días después en una vivienda de Florencio Varela.

La mujer detalló que los ataques verbales que recibió incluían advertencias directas: "Si no para esto, también van a ir por Hanna", en referencia a su otra hija. Además, identificó a uno de los presuntos responsables por el apodo de "Gordo Dylan", quien aparece junto a Lara en videos de cámaras de seguridad junto a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", señalado como autor intelectual del crimen.

Sabrina del Castillo también habló sobre disputas narco en los barrios de Ciudad Evita y La Tablada, señalando la presencia de bandas enfrentadas: los llamados "bolivianos del 19" habrían sido desplazados por grupos de ciudadanos peruanos. Según la madre de Morena, el triple femicidio fue un ajuste de cuentas relacionado con drogas, dado que Lara tenía los dedos mutilados, supuestamente por "haber tocado algo que no debía".

En su relato, mencionó a David Manzur, apodado "Loco David", sospechoso de manejar tráfico de drogas en La Matanza y vinculado a la supuesta fiesta donde las víctimas habrían sido citadas la noche de los crímenes. Según la investigación, Sotacuro Lázaro, detenido en Bolivia, lo habría trasladado esa madrugada junto a otros hombres hasta el Bajo Flores.

La declaración de Sabrina del Castillo refuerza la hipótesis de que los asesinatos respondieron a ajustes de cuentas narcos y evidencia la inseguridad que enfrentan familiares de víctimas en este tipo de casos, lo que motivó su pedido de protección federal.