Procesan a la "viuda millonaria" de Muñoz en la trama del kirchnerismo y le embargan 38 millones de dólares
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carolina Pochetti, viuda del exsecretario presidencial Daniel Muñoz, en una causa por lavado de activos vinculada a los cuadernos de las coimas.
El tribunal ratificó el embargo sobre los bienes de Pochetti por 38 millones de dólares, mientras que su hijo, Franco Muñoz, fue embargado por 11 millones. En total, se confirmaron 22 procesamientos, afectando a familiares, abogados, testaferros y gestores inmobiliarios, con embargos por 412 millones de dólares.
La investigación judicial reconstruyó cómo Muñoz, fallecido en 2016, habría lavado dinero en Argentina y el exterior. Se detectaron al menos 16 propiedades de lujo en Miami, dos en Nueva York y un proyecto turístico en las Islas Turks and Caicos, además de más de 100 millones de dólares en inmuebles nacionales, incluyendo estancias, complejos turísticos, cabañas y departamentos en diversas provincias.
El caso, a cargo del juez federal Julián Ercolini, forma parte del expediente derivado de los cuadernos de las coimas, donde el chofer Oscar Centeno detalló el traslado de bolsos con sobornos que recibía Muñoz para los exfuncionarios kirchneristas.
Además de Pochetti y su hijo, fueron procesados miembros de la familia, abogados y asesores vinculados a las operaciones, como Daniel Omar Blanco, Stella Marys Blanco, Daniel Roberto Eloy Bona, Alejandrina Pochetti y Pablo Martín Raies, entre otros. Algunos imputados actuaron como prestanombres o testaferros en sociedades nacionales e internacionales, mientras que otros gestionaron fondos y propiedades vinculadas a la trama.
El tribunal también revocó algunos procesamientos, decretó falta de mérito para otros y sobreseyó a seis imputados. Los jueces destacaron que los embargos buscan no solo la condena penal, sino también recuperar los activos obtenidos de manera ilícita.
Con este fallo, el camino queda despejado para que la causa avance a juicio oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados y se buscará la reparación del perjuicio económico generado.
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