Prendieron fuego en una cárcel norteña y no abrían las celdas para rescatar a los presos
Actualmente hay 11 personas internadas y 2 pacientes con respirador. Solo un interno logró ser dado de alta. La Justicia investiga qué pasó.
La Justicia investiga el incendio en la Alcaidía de Salta y evaluaría medidas por la sobrepoblación carcelaria. El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.
Luego del incendio ocurrido el domingo por la noche en la Alcaidía General de la Provincia, que dejó varios internos hospitalizados y efectivos lesionados, la Justicia tomó intervención directa para supervisar la situación del penal y evaluar posibles medidas de fondo.
El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, acudieron al lugar poco después del siniestro, según confirmó el director del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, en declaraciones a Aries. Ambos magistrados constataron el estado de las instalaciones, el traslado de los detenidos y las condiciones generales del establecimiento.
La presencia judicial responde a una preocupación creciente por el nivel de sobrepoblación en las cárceles salteñas. Torres admitió que la Alcaidía "funciona con un 70% más de internos de los que puede alojar", lo que incrementa los conflictos y dificulta la convivencia.
Desde el área social del Servicio Penitenciario se informó además que se notificó a los familiares de los detenidos hospitalizados, con colaboración de la Policía de la Provincia. Tres internos permanecen en terapia intensiva, cuatro continúan bajo observación y tres ya fueron dados de alta.
Fuentes judiciales indicaron que, tras el episodio, se iniciará un relevamiento técnico sobre las condiciones edilicias, los protocolos de seguridad y el cumplimiento de normas básicas de prevención de incendios en los pabellones.
El caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones de detención en Salta y la necesidad de coordinar políticas entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y los organismos de derechos humanos para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema.
Último parte del hospital público al que fueron a parar los presos:
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