Excavan a metros de la casa de Matías Jurado: buscan más restos humanos de sus presuntas víctimas

Las autoridades judiciales y forenses de Jujuy intensificaron las tareas de excavación en el arroyo Las Martas, ubicado en Alto Comedero, como parte de la investigación contra Matías Jurado, el presunto asesino serial vinculado a la desaparición de al menos cinco personas en situación de calle. Las nuevas diligencias buscan identificar restos genéticos que podrían pertenecer a las víctimas, siguiendo las pistas aportadas por un testigo clave: el sobrino del acusado.

Jurado, de 37 años, fue detenido tras el hallazgo de restos óseos y de piel humana en su vivienda, donde también se encontraron prendas y objetos personales que coinciden con los desaparecidos. Según el testimonio del menor que vivía con él, el acusado atraía a sus víctimas con promesas de trabajo o alcohol, las llevaba a su casa los viernes y luego las descuartizaba. Parte de los restos eran enterrados, otros quemados y algunos arrojados en basurales.

Las excavaciones en el arroyo Las Martas fueron señaladas por el sobrino en una declaración en Cámara Gesell, donde indicó que su tío habría ocultado restos en esa zona. Los peritos trabajan con equipos especializados en rastreo genético y geolocalización, mientras se analizan muestras para confirmar identidades. El caso por el que ya fue imputado es el de Jorge Omar Anachuri, en tanto las presuntas víctimas conocidas hasta el momento serían  Ponce, Quispe, González y Sosa, pero vale la pena recurdar que MPA tiene datos sobre 2 casos más.

El caso ha generado conmoción en la comunidad jujeña, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por el historial delictivo de Jurado, quien estuvo preso por robos violentos y fue liberado en 2021. Las cámaras de seguridad y los registros de antenas celulares refuerzan la hipótesis de que las víctimas estuvieron en su domicilio antes de desaparecer.

Las autoridades continúan con las excavaciones y análisis forenses, mientras se espera que la Justicia avance con nuevas imputaciones. El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad y de revisar los criterios judiciales que permitieron la libertad de un individuo con antecedentes tan graves.