Gitano se llevó a una mujer con discapacidad para casarse con ella

Un hombre de la comunidad gitana fue condenado a nueve años de prisión en la provincia de San Juan por haber mantenido en situación de servidumbre a una mujer con discapacidad intelectual, a quien explotó sexual y laboralmente durante al menos dos meses. Se trata de Roberto Espiro Mitar, quien además deberá pagar 4 millones de pesos de indemnización a la víctima.

El Tribunal Oral Federal de San Juan lo encontró culpable por los delitos de trata de personas, explotación sexual y laboral, y unión forzada de hecho. Según la investigación, en enero de 2023, Mitar "compró" a la joven a otra familia gitana y desde entonces la obligó a vender hilos y medias en la vía pública, apropiándose de todo el dinero recaudado. También fue forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

La víctima fue rescatada en marzo de 2023, tras escapar mientras realizaba ventas ambulantes. En su declaración judicial, reveló que era constantemente vigilada, no podía tomar decisiones sobre su cuerpo y fue llevada por el acusado a una sala médica para que le retiraran el chip anticonceptivo, con la intención de forzar su reproducción. La fiscalía enmarcó estos hechos dentro de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Luego de radicada la denuncia, la familia del acusado, con la colaboración de su defensor, trasladó a la joven a San Luis, donde la forzaron a firmar una declaración en una escribanía retractándose de sus dichos. Ese documento fue presentado como prueba de defensa, pero finalmente se comprobó que había sido obtenido bajo amenazas.

A pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, la víctima fue escuchada nuevamente en Cámara Gesell, donde ratificó los abusos y explicó que había sido coaccionada para mentir. Esto derivó en la apertura de una nueva causa penal contra quienes la presionaron para encubrir los hechos.

El juez Daniel Doffo, al dictar sentencia, señaló que la víctima se encontraba en un contexto de extrema vulnerabilidad, sin redes de contención familiar ni institucional. A su vez, sostuvo que el acusado utilizó elementos culturales propios de la comunidad gitana para justificar el sometimiento.

"El respeto por la diversidad cultural encuentra su límite cuando entra en colisión con derechos fundamentales, como la integridad de las mujeres", sostuvo el magistrado en su fallo.

El tribunal ordenó que la mujer reciba acompañamiento del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) y que sea informada ante cualquier solicitud de beneficios penitenciarios por parte del condenado, como salidas transitorias o libertad condicional.

Durante el juicio, la defensa de Mitar fue cuestionada por el fiscal Fernando Alcaraz por su "falta de perspectiva de género" y el uso de estereotipos que revictimizaban a la denunciante. El juez adhirió a esa observación y sostuvo que la actitud defensiva "solo profundizó el contexto de violencia durante el proceso judicial".