El kirchnerismo en el banquillo: condenas, millones desviados y el fin de la impunidad
El fiscal pidió prisión e inhabilitación perpetua para Aníbal Fernández y condena para Jorge Capitanich por desviar más de $131 millones del Estado. La causa Fútbol para Todos destapa una red de corrupción que salpica a la cúpula K.
En el marco del juicio por la causa "Fútbol para Todos", el fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó penas para varios exfuncionarios, destacándose el pedido de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Aníbal Fernández. A Jorge Capitanich, en cambio, se le pidió una condena de ocho meses de prisión e inhabilitación por el doble del tiempo de la pena. Ambos fueron acusados por irregularidades cometidas mientras se desempeñaban como jefes de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La acusación contra Fernández incluye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y violación de los deberes de funcionario público, mientras que a Capitanich solo se le imputa el segundo. El perjuicio económico estimado por el Ministerio Público Fiscal asciende a más de 131 millones de pesos entre 2010 y 2015, monto que se habría desviado mediante contratos irregulares y maniobras financieras vinculadas al programa.
Además de los exjefes de Gabinete, el fiscal pidió condenas para otros implicados como Luis Segura (ex presidente de AFA), Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone (exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados), y Natale Rigano (expresidente de Iveco). En contraste, se solicitó la absolución de figuras como Gabriel Mariotto, Miguel Ángel Silva y otros exdirectivos de entidades financieras involucradas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) exigió que los acusados reintegren solidariamente el dinero defraudado, actualizado a valores actuales, en beneficio del Enard y la AFA. El Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por los jueces Basílico, Michilini y Grünbeg, fijó un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, cuando comenzarán los alegatos de las defensas.
El caso gira en torno al contrato entre la Jefatura de Gabinete y la AFA por los derechos de televisación del fútbol argentino. Aunque el programa buscaba garantizar el acceso gratuito a los partidos y fortalecer a los clubes, la investigación reveló un aumento de pasivos, incumplimientos de auditoría, desvío de fondos hacia entidades privadas y contratos de sponsoreo con precios irrisorios, todo lo cual habría generado un grave daño al patrimonio público.
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