Denuncian cobro de sobornos a cambio de salidas, cambios de pabellón y drogas
En el juicio, un subalcalde fue retenido por su reticencia al declarar. Testimonios revelaron pedidos irregulares de beneficios para internos.
El juicio contra 20 personas acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Salta continuó este lunes con la declaración de varios funcionarios penitenciarios. Entre ellos, un subalcalde que terminó demorado por orden del tribunal debido a su reticencia a responder las preguntas de la fiscalía, pese a las reiteradas advertencias sobre su obligación de declarar bajo juramento.
Durante las audiencias, tres efectivos coincidieron en señalar la insistencia de uno de los imputados -subjefe del departamento de Seguridad Externa- para obtener el beneficio de extramuro para un interno en particular. Los testigos calificaron el pedido como "fuera de lo normal" y remarcaron que el trámite debía iniciarse por el encargado de pabellón y resolverse en el Consejo Correccional.
Otro testimonio reveló que un subjefe pidió empleo para un reo, primero presentándolo como familiar y luego como vecino, aunque reconoció que no era la vía reglamentaria. Una exjefa de Atención al Ciudadano también declaró sobre un registro fílmico en el que se ve el ingreso de tres cajas de pizzas al penal, situación que describió como habitual, asegurando que la comida pasa por requisa y escáner.
El caso se originó a partir de denuncias anónimas que acusaban a personal del penal de Villa Las Rosas de cobrar sobornos para otorgar beneficios como salidas transitorias, cambios de pabellón, informes favorables y visitas sin requisa, además de permitir el ingreso de objetos y drogas.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. El Ministerio Público está representado por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los funcionarios penitenciarios están imputados por exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, mientras que internos y familiares enfrentan cargos por narcotráfico agravado y asociación ilícita.
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