Así operaba en Facebook la red que alquilaba vientres a extranjeros por miles de dólares

Una causa judicial que se tramita en los tribunales federales volvió a poner bajo la lupa el negocio de los vientres subrogados en Argentina, un terreno sin regulación legal que cada año involucra a cientos de mujeres y familias del país y del exterior.

El caso se conoció tras la denuncia de una mujer de Córdoba que accedió a gestar un bebé para una ciudadana francesa. El parto se adelantó y el niño nació con problemas neurológicos. La mujer contratante se negó a recibirlo porque, según declaró, "el contrato establecía que debía ser un bebé sano".

Todo comenzó en un grupo de Facebook llamado Gestación Solidaria Argentina, donde mujeres ofrecían o solicitaban vientres. Allí fue contactada por representantes de Sudamérica Surrogant, una empresa que conecta a gestantes argentinas con clientes extranjeros. Su titular, la doctora Ester Núñez, quedó imputada por la fiscal federal Alejandra Mangano, acusada de trata de personas con fines de explotación reproductiva.

Según la investigación, la empresa articulaba los procedimientos médicos con el laboratorio Cegyr, especializado en fertilización y transferencia embrionaria. Las gestantes eran trasladadas a Buenos Aires, afiliadas a prepagas y alojadas en departamentos pagos hasta el parto.

La cordobesa firmó un contrato con irregularidades graves: no figuraban montos ni cláusulas de responsabilidad. Aun así, la fiscal determinó que la contratante francesa pagó entre 50.000 y 60.000 dólares, mientras que la gestante recibió apenas 10.000 o 15.000, sin recibos oficiales.

El parto se produjo en el Sanatorio Allende, donde se activaron los protocolos judiciales al comprobar que la mujer no era la madre legal del bebé. Intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el fiscal Enrique Senestrari, que dispusieron la guarda judicial del recién nacido.

La causa, que ya acumula 48 denuncias y más de 100 páginas de expediente, involucra a médicos, abogados, escribanos y laboratorios. "Estamos ante una forma moderna de trata: se aprovechan de mujeres vulnerables que ponen su cuerpo por necesidad", señaló una fuente judicial.

Un vacío legal que expone a las mujeres

En Argentina, la subrogación de vientre no está regulada por ley, aunque tampoco está expresamente prohibida. Según estimaciones del sector médico y de ONGs especializadas, se registran entre 300 y 400 casos de gestación subrogada por año, en su mayoría en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Sin un marco jurídico que establezca derechos y obligaciones, los contratos se rigen por acuerdos privados y quedan expuestos a irregularidades como la explotación económica, la ausencia de cobertura médica y la mercantilización del cuerpo de las mujeres.

El vacío legal también genera inseguridad jurídica para los niños, que en muchos casos deben ser inscriptos primero con el apellido de la gestante. Desde 2024, el Registro Civil porteño modificó su política: ahora los bebés nacidos por subrogación deben figurar a nombre de la mujer gestante y uno de los interesados, hasta que un juez autorice la adopción plena.

La fiscal Mangano detectó que Sudamérica Surrogant forma parte de un holding con presencia en varios países de Latinoamérica y Europa, donde también enfrenta investigaciones. El circuito incluye agencias que reclutan mujeres jóvenes de bajos recursos, muchas veces endeudadas o en situación de vulnerabilidad.

El caso cordobés, que derivó en la imputación de Núñez, podría transformarse en una causa internacional por trata de personas con fines de explotación reproductiva, un delito poco visibilizado pero en crecimiento.