Padres de Alto Comedero en alerta por el aumento de casos de bullying

Un nuevo y alarmante episodio de bullying conmociona a la comunidad educativa jujeña. En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales donde se observa una agresión física entre estudiantes de séptimo grado de la Escuela N°458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil", ubicada en el populoso barrio de Alto Comedero. El hecho habría ocurrido alrededor de las 15:30 horas del miércoles en las inmediaciones del establecimiento educativo.

En el material audiovisual, una alumna golpea violentamente a otra ante la mirada pasiva de varias compañeras, lo que generó una fuerte indignación entre padres y vecinos. Las críticas apuntan principalmente a la supuesta inacción de las autoridades escolares, quienes habrían argumentado que, al tratarse de un incidente ocurrido fuera del edificio, no les corresponde intervenir. Ante esta situación mucho usuarios en la redes sociales se convocan para asistir a la institución educativa para pedir que intervengan y pueda mediar en defensa de la niña agredida.

La supuesta explicación de la dirección contrasta con lo establecido en el marco legal vigente. Tanto la Ley Provincial N° 5288 de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia como la Ley Nacional N° 26.892 sobre la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad en las Instituciones Educativas exigen que las escuelas actúen ante cualquier situación que afecte la convivencia escolar, independientemente del lugar o el horario en que se produzca.

Según la Ley 26.892, las instituciones educativas deben garantizar una convivencia pacífica, rechazar toda forma de hostigamiento, violencia o exclusión, y promover mecanismos de resolución no violenta de conflictos. Además, establece la obligación de elaborar normas de convivencia claras, y de implementar equipos especializados para intervenir en casos de violencia.

Por su parte, la Ley Provincial 5288 establece la responsabilidad del Estado de garantizar la integridad física, psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes, y la obligatoriedad de intervenir institucionalmente en situaciones de violencia entre pares.