La Corte Suprema intervino en un conflicto minero por litio que amenaza el agua en Jujuy
El litigio cuestiona la explotación de litio y borato en la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc, denunciando la falta de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) serias y el peligro para los recursos hídricos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir directamente en un crucial conflicto ambiental que enfrenta a comunidades aborígenes y organizaciones ecologistas contra el Estado por la explotación minera de litio y borato.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, implica que la Corte asume la competencia originaria para resolver el litigio, dada la extensión de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc (17.602 km²), que abarca las provincias de Salta y Jujuy.
El Riesgo Ambiental y la Demanda Central
La demanda fue presentada por la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, junto a otras comunidades y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Los demandantes argumentan que la extracción minera pone en riesgo el agua de la cuenca, un recurso vital para sus actividades ganaderas y agrícolas históricas.
Por ello, solicitaron a la Justicia:
Una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) acumulativa para todos los proyectos en la cuenca.
La suspensión inmediata de las autorizaciones mineras vigentes.
La prohibición de otorgar nuevos permisos.
La Corte fundamentó su intervención en el Artículo 117 de la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente, que establecen la competencia del máximo tribunal en litigios ambientales que trascienden los límites de una sola provincia.
Acusaciones y Próximos Pasos
En el transcurso de la causa, las comunidades denunciaron ante la Corte que las empresas mineras entregaron documentación ambiental insuficiente y cuestionaron que la actividad continuó durante la pandemia al ser declarada esencial.
La Corte ya había requerido información a las jurisdicciones: Jujuy informó sobre 24 emprendimientos de litio y borato, mientras que Salta reportó la perforación de al menos 69 pozos de exploración.
Con la declaración de competencia, el tribunal ordenó a los gobiernos demandados (Jujuy, Salta y la Nación) que presenten un informe detallado en un plazo de 30 días. Una vez recibidas estas respuestas, la Corte se expedirá sobre la medida cautelar solicitada, que busca suspender inmediatamente toda la actividad minera en la zona hasta que se resuelva el fondo de la controversia. / El Tribuno de Jujuy
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