Funcionarios de Julio Bravo a juicio por la muerte de un nene de 9 años

El caso de la muerte de Francisco Jesús Díaz, un niño de 9 años que sufrió una descarga eléctrica mortal mientras jugaba en la vereda de su casa, tomó un giro significativo con la imputación de cinco funcionarios, tres de la empresa Telecom y dos del municipio de San Pedro de Jujuy. La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria Nº 2 pidió llevar a estos funcionarios a juicio oral por el delito de "homicidio culposo en carácter de coautores", a raíz de su imprudencia y negligencia en el manejo de las instalaciones públicas.

El trágico incidente ocurrió el 27 de octubre de 2023 en el barrio Providencia de San Pedro de Jujuy. Francisco Díaz estaba jugando en la vereda cuando, al contacto con un poste de Telecom, recibió una descarga eléctrica fatal. La denuncia de los familiares llevó a una investigación exhaustiva que puso en evidencia la falta de responsabilidad de las autoridades tanto de la empresa de telecomunicaciones como del gobierno local.

José Alfredo Blanco, fiscal a cargo del caso, explicó a El Tribuno que el niño falleció debido a una conducta negligente de los responsables de la instalación del poste y la supervisión de las obras públicas. "El hecho de que el poste estuviera en malas condiciones y sin el debido mantenimiento es el resultado de una serie de errores y omisiones graves por parte de los funcionarios responsables", señaló Blanco.

El fiscal destacó que, a pesar de que no hubo intención de causar daño, la conducta de los imputados fue tan imprudente que resultó en la muerte del menor. "El deceso de Francisco se produjo por la actitud negligente de los funcionarios, quienes tenían la responsabilidad de asegurar que las instalaciones públicas cumplieran con las normas de seguridad", añadió Blanco.

El caso pone en el centro de la crítica al intendente Julio Bravo y su administración. La falta de supervisión adecuada y la evidente desidia en el mantenimiento de las instalaciones públicas fueron factores cruciales en este trágico evento. La acusación subraya que la responsabilidad no recae únicamente en los empleados de la empresa, sino también en los funcionarios municipales que debían garantizar la seguridad y el correcto estado de la infraestructura pública.

Este es el primer caso en la jurisdicción donde se llegó a una instancia de juicio oral por un hecho de esta naturaleza, reflejando una importante señal de que las autoridades y empresas responsables deberán rendir cuentas. Blanco también señaló que, aunque en la mayoría de los casos similares la resolución suele ser de tipo civil, el avance hacia un juicio penal marca un precedente importante.

El fiscal concluyó que las implicaciones para los responsables van más allá de la esfera penal, afectando la percepción pública de la gestión municipal y de las empresas involucradas. /El Tribuno Jujuy