Escándalo en la Iglesia de Jujuy: habló Fernández

El Obispado de Jujuy publicó este 23 de septiembre un comunicado firmado por el obispo César Daniel Fernández, en el que se refiere de manera directa a las versiones que lo involucran en las maniobras de encubrimiento y presunto soborno en la causa contra el sacerdote Luis Atilio Bruno, imputado por abuso sexual simple agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado.

"Desde hace algunos días se han vertido algunas informaciones periodísticas que nos han traído inquietud porque me involucran en lo que hace al proceso que se sigue al sacerdote Luis Bruno", señala Fernández al inicio de la carta dirigida a sacerdotes, consagrados y fieles laicos de la diócesis.

En el texto, el obispo remarca que, tras conocerse la denuncia en diciembre de 2024, procedió "de acuerdo a las normativas del Derecho Canónico apartando al sacerdote de la tarea pastoral y adoptando las medidas correspondientes, siempre dando cuentas al Dicasterio para el Clero de la Santa Sede".

Sobre su relación con la denunciante, Fernández asegura haber mantenido "contacto siempre en pos de escuchar y responder a sus inquietudes en un clima de cordialidad y colaboración" y afirma que todos los pasos dados fueron informados tanto al Vaticano como a la justicia provincial. "Personalmente tengo tranquilidad de conciencia en cuanto a mi proceder y a mi recta intención en el obrar", sostiene, al tiempo que deposita su confianza en que la justicia actúe con "objetividad frente a nuestras subjetividades que son siempre limitadas".

El cierre del mensaje apela a lo espiritual: "Encomendamos al Señor y a su Madre Santísima - nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya - estos momentos difíciles que vivimos, pidiendo que la verdad y la justicia puedan traer la luz que necesitamos vislumbrar".

El trasfondo del escándalo

La declaración del obispo se conoce apenas días después de que el programa Telenueve Denuncia, conducido por el periodista Tomás Méndez, difundiera una investigación que sacudió a la Iglesia y a la justicia jujeña. El informe reveló que el cura Bruno, junto a la jueza de la Suprema Corte Laura Lamas González y el propio obispo Fernández, habrían participado de un intento de soborno para silenciar a la denunciante.

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2025 el sacerdote habría ofrecido 10 mil dólares a la víctima para frenar el avance de la causa en su contra. Los chats extraídos del celular de Bruno -incorporados al expediente judicial- muestran conversaciones entre el cura y la jueza, en las que se alude de manera directa al obispo.

"Eran 6 mil dólares según monseñor, ahora 10 mil dólares, ¿qué pasó en el medio?", se lee en un intercambio donde Lamas y Bruno discuten sobre el monto del presunto soborno. En otro pasaje, el cura escribe con crudeza: "Gracias a vos, la próxima semana monseñor se encuentra con la stronza", en referencia a la denunciante, mientras la magistrada responde: "Monseñor va a saber qué decir".

Las revelaciones dejan en evidencia una doble cara institucional. En abril pasado, tras la detención de Bruno, el Obispado había publicado un comunicado en el que destacaba su "rotundo rechazo" a cualquier forma de violencia sexual y expresaba su compromiso con las víctimas. Hoy, a la luz de los chats, esa postura oficial aparece en contradicción con la posible participación del propio obispo en un intento de encubrimiento.

Reacciones y silencios

El escándalo todavía no recibió respuesta de los principales organismos profesionales de la provincia: ni el Colegio de Abogados ni el Colegio de Magistrados de Jujuy emitieron pronunciamientos. En contraste, la Red de Mujeres Políticas repudió los hechos, calificándolos como un acto de "alevosía del poder" y denunciando la revictimización de la mujer que denunció al sacerdote.

"Las víctimas de violencia de género quedan al desamparo, en la mayor marginalidad, mientras se trafican influencias y se deshumaniza aún más cualquier posibilidad de transformar la realidad de las víctimas", señaló la organización en un duro comunicado.

La indignación también se trasladó a la sociedad civil. Vecinos de Lozano, localidad donde Bruno cumple prisión domiciliaria, convocaron a una marcha en la Plaza Belgrano de San Salvador bajo la consigna "Las infancias están en peligro. Exigimos protección real a la comunidad".

Contexto judicial y eclesiástico

Luis Bruno, chaqueño de origen y con más de una década en Jujuy, pasó por distintas parroquias de la capital antes de ser detenido en abril de 2025. Tras permanecer en el penal de Alto Comedero, fue beneficiado con el arresto domiciliario en Lozano.

La jueza Laura Lamas González, quien ya enfrentó dos juicios políticos en 2022 y 2024, aparece como una figura clave en las conversaciones reveladas, donde incluso sugiere contactos y maniobras para interceder ante otros magistrados.

El obispo César Daniel Fernández, por su parte, ocupa un lugar central no solo en la provincia sino en la Comisión Episcopal Argentina, donde ejerce la vicepresidencia segunda, además de integrar el Dicasterio para el Clero por designación papal. Su figura, hasta ahora asociada a la jerarquía eclesiástica nacional, enfrenta la mayor crisis de credibilidad desde que asumió en Jujuy.