Crece el malestar por la ordenanza que busca registrar y cobrar a las bicicletas eléctricas

Una fuerte polémica se desató en La Quiaca luego de que concejales impulsaran una ordenanza que obliga a registrar las bicicletas eléctricas y pagar un monto para obtener una oblea emitida por Tránsito. La iniciativa, que según sus impulsores busca mejorar la seguridad vial, es rechazada por vecinos y usuarios que la consideran un nuevo mecanismo recaudatorio.

"Es fundamental que la comunidad exprese su preocupación ante esta implementación, ya que podría derivar en la exigencia de seguros e impuestos para las bicicletas eléctricas", expresaron sectores que se oponen a la medida. Para ellos, la ordenanza "no responde a una necesidad real, sino a un negocio lucrativo donde se prioriza el cobro de tasas y trámites".

Los cuestionamientos giran en torno a varios puntos:

• Ausencia de accidentes registrados: hasta la fecha no existen informes de siniestros viales relacionados con bicicletas eléctricas en la ciudad.

• Falta de transporte público: con el aumento de las tarifas de taxi, este medio de movilidad se convirtió en una alternativa accesible y sostenible para la población.

• Gastos adicionales: se exigiría a los propietarios instalar luces de giro en modelos que no las traen de fábrica, lo que representa un gasto extra. Los usuarios temen que también se empiece a multar por no usar casco, chaleco reflectante o por carecer de equipamiento especial.

Vecinos sostienen que la prioridad debería ser otra: "Antes de imponer nuevas regulaciones, el Concejo debería arreglar las calles, que están en mal estado", remarcaron. También pidieron capacitación integral para los agentes de tránsito, a quienes acusan de ejercer un trato autoritario y poco respetuoso hacia los ciudadanos.

En este contexto, algunos usuarios advierten que las multas podrían superar los 30 mil pesos, lo que consideran "el verdadero negocio detrás de la medida: sacar dinero a los quiaqueños a través de sanciones".

Finalmente, hubo críticas hacia los medios locales, acusados de silenciar el malestar ciudadano y alinearse con las autoridades por depender de la publicidad oficial. "Los medios deberían informar y convocar a la población a manifestarse contra estas medidas injustas", señalaron.

La ordenanza aún genera debate en el Concejo Deliberante de La Quiaca, mientras la comunidad empieza a organizarse para reclamar su revisión.