YPF: rechazan la apelación de Argentina y ratifican el traspaso del 51% de acciones

Se trata del rechazo a lo plateado por los abogados de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitres y ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera bandera del 2012.

El Gobierno esperaba este fallo adverso desde la semana pasada y hoy se confirmó: la jueza rechazó el pedido de Argentina de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford. Lo hizo sin poner condición alguna y con palabras duras contra el país.

Aunque todavía hay varias instancias judiciales abiertas, incluso una apelación solicitada por el país que puede estar en trámite durante dos años, el caso se podría encaminar en llegar en los próximos meses a la Corte Suprema de los EEUU.

En su escrito, Preska señaló que la Argentina no cumplió con las condiciones previas que le habían permitido acceder a una suspensión sin garantía del fallo de septiembre de 2023, y acusó al país de intentar "eludir sus obligaciones" mediante tácticas dilatorias.

El texto judicial recuerda que, incluso tras obtener una prórroga para acomodar la transición de gobierno en el país, la administración argentina "aprovechó al máximo el tiempo extra", pero "no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas".

"La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia", escribió la magistrada.

Juicio por YPF: los pasos a seguir

El Gobierno nacional apeló el fallo el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si el fallo vuelve a ser desfavorable. Por ahora este pedido no tiene resolución y puede estar en trámite durante por lo menos dos años.

Lo que la jueza Loretta Preska ya definió fue una solicitud paralela para frenar la ejecución del fallo, que ordenó a la Argentina pagar u$s16.099 millones en compensación por la expropiación irregular de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Ferández de Kirchner.

Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Joe Biden y Donald Trump.

Por último, la apelación advierte sobre un posible "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial" por parte del tribunal que emitió la condena.

Causa YPF: por qué apelaron los abogados de la Argentina antes de tiempo

En respuesta a esa presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro -hoy a cargo de Santiago María Castro Videla- respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska y la entrega de acciones.

Según comentaron fuentes ligadas al caso, los estrategas del estudio apelaron sin aguardar por una definición de Loretta Preska sobre el pedido de "stay" realizado anteriormente. Esta apelación se esperaba para los próximos 15 días, no ahora. Posiblemente, los abogados esperan otro rotundo revés contra el país en este juicio, y una orden de embargo dirigida a instituciones financieras de EEUU. Por ese motivo y para ganar tiempo, decidieron presentar cuanto antes la apelación y que sea un tribunal de alzada el que defina los pasos a seguir.

YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en el Segundo Distrito judicial de Nueva York, sino que es uno de los "botines" junto a Vaca Muerta del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el "turnover" forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Kicillof, las acciones de YPF "sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso" como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.

Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.