Se vienen las definiciones sobre el futuro de YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. debe decidir si mantiene la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de una sentencia de US$16.100 millones. Esta decisión abre tres posibles escenarios: aceptar la suspensión sin condiciones, rechazarla (lo que obligaría al país a cumplir el fallo para evitar el desacato), o mantenerla pero exigir una garantía alternativa. 

El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, apeló el fallo y logró una suspensión temporal. Sin embargo, si la Cámara de Apelaciones exige la entrega de acciones o una garantía, la Casa Rosada ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de EE.UU. Además, no planea ofrecer garantías mientras continúe el proceso de apelación. 

Paralelamente, existen otras dos apelaciones activas. Una de ellas cuestiona directamente el fallo de Preska que ordena la transferencia de acciones. La Argentina tiene plazo hasta el 25 de septiembre para presentar sus argumentos, y esta apelación cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. y de varios países latinoamericanos mediante escritos amicus. 

También sigue en discusión el fondo del caso: la sentencia de US$16.100 millones dictada en 2023. Los demandantes buscan demostrar que YPF y el Estado argentino son lo mismo, lo que permitiría embargar activos. La defensa insiste en que son entidades separadas, lo que complicaría la ejecución de la condena. 

Mientras se resuelven estas instancias, la Argentina acumula intereses diarios por US$2,5 millones, lo que podría elevar la indemnización total a US$18.000 millones para octubre. La Cámara de Apelaciones convocó a una audiencia clave para la semana del 27 de octubre, aunque no tiene plazo para emitir un fallo definitivo.